En medio de una crisis diplomática, México le otorgó el asilo político a la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo. Su esposa, Lilia Paredes, y sus hijos, Arnold y Alondra, llegaron a la ciudad de México el 21 de diciembre a la madrugada. En respuesta a esta acción, la cancillería peruana pidió al embajador mexicano, Pablo Monroy, que abandone el país en 72 horas.
Las crisis se acumulan en el país sudamericano. Aunque desde el 2016 la inestabilidad política era moneda corriente para los peruanos, con 5 presidentes en 7 años, el punto de quiebre llegó durante los primeros días de diciembre del 2022. El entonces Presidente de Perú, Pedro Castillo, decretó la disolución del congreso y la instalación de un gobierno de excepción.
En medio de una jornada caótica, el congreso adelantó la reunión prevista para tratar la continuidad del puesto de Castillo. Horas después anunciaban su destitución y la asunción del cargo vacante por parte de Dina Baluarte, vicepresidenta en funciones. La noticia pasó casi inadvertida para algunos de los países en medio del clima mundialista.
Pero, ¿qué llevó a Castillo a tomar esta decisión que desestabilizó al país y la región? Las investigaciones por corrupción y degradación del uso del poder se acumulaban en la Dirección de Inteligencia. Y muchas de ellas llevaban el nombre del presidente y de sus colaboradores. Aunque se investigaron 7 casos, solo llegaron a manos del congreso 4 de ellas. Suficientes para poner en duda el mandato del presidente y sugerir la implementación de la vacancia presidencial.
México le otorga asilo político a la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo
Ante la crisis política, México decidió extender la figura del asilo político a la familia de Castillo. Mientras, este cumple los 18 meses de prisión sancionados por el congreso.
Cuando el salvoconducto fue aprobado, Paredes, junto con sus hijos, salieron de la ciudad de Lima en vuelo directo de Aeroméxico, que aterrizó en la Ciudad de México en la madrugada. Allí les esperaba Martín Borrego Llorente, quien es el Director General para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Sin embargo, esta no fue la única muestra de apoyo por parte de México. Durante los incidentes provocados por el golpe de estado, la embajada de México en Perú le brindó asilo en la misma a la familia del presidente destituido.
La orden de la cancillería de Perú al Embajador mexicano: Abandonar el país en 72 horas
Esta decisión no pareció caer en gracia a la cancillería de México. Poco después del anuncio del asilo político, el Ministerio de Exterior a cargo de Ana Cecilia Gervasi, expulsó a Pablo Monroy del país andino. Adjuntando, además, a su nombre la etiqueta de persona non grata.
Los motivos de esta decisión se respaldaron en una injerencia del gobierno mexicano en los asuntos internos del país. Gervasi, añadió que sentía un profundo malestar por las implicancias de las continuas declaraciones de los altos mandatarios de México.
Para poder realizar esta expulsión, la cancillería andina se apoyó en el documento de la Convención de Viena para las relaciones internacionales. Más específicamente, alegaron una violación a los principios de No Intervención.
El ministro de exteriores de México, Marcelo Ebrard, se defendió explicando que se trataba de una decisión independiente y soberana de su país. Estrechamente relacionada con una política propia de buena voluntad histórica hacia los países vecinos que han presentado una crisis profunda en los valores democráticos.
El problema no es solo con México ¿Por qué Perú está envuelta en una Crisis Diplomática con algunos países de la región?
Sin embargo, la crisis diplomática de Perú no se enfoca solo en México. Otros países de la región también han recibido una reprimenda de este país bajo el formato de llamado a consulta de sus respectivos embajadores. Entre los que se encuentran Argentina, Colombia y Bolivia.
Ante el estado de emergencia, y el amplio rechazo ante la asunción de Boluarte, el apoyo de estos países a las acciones realizadas por Castillo fueron tomadas con suma cautela. De hecho, la presidenta en funciones acusa a Lopez Obrador, Arce, Fernandez y Petro de cerrar filas con el expresidente.
La tensión llegó a su máximo ante la declaración en conjunto de estos países donde posicionaron a Castillo como una víctima del sistema político peruano. Además de lanzar un cuestionamiento directo hacia el procesamiento judicial, tachandolo de violatorio de la Convención Americana.
